- Repositorio Institucional
La encrucijada de la responsabilidad Civil de las Compañías de Seguro Médico en España
Investigador/a principal: Bernardo Arroyo Abad
Este artículo explora las complejidades del seguro de salud en España, enfocándose en las relaciones jurídicas dentro de un marco contractual. La ambigüedad en la calificación de las acciones fomenta la incertidumbre y falta de seguridad jurídica, bajo la apariencia de proteger al lesionado, simplificando las reclamaciones de indemnización cuando la responsabilidad entre la aseguradora y el médico no está clara. El estudio propone una perspectiva dual sobre la responsabilidad de la aseguradora: contractual y extracontractual, particularmente en actos médicos. Al enfatizar las responsabilidades individuales dentro de un marco contractual, se busca unificar el sistema sin obstaculizar los procesos legales ni las reclamaciones de los perjudicados. Se destaca la necesidad de un marco jurídico coherente que aborde la convergencia de responsabilidades, asegurando protección integral y mecanismos de compensación efectivos. Los hallazgos sugieren que un enfoque sistemático de la coligación contractual puede clarifica r responsabilidades, promoviendo certeza jurídica y compensación eficiente.
Derechos Digitales en la negociación colectiva
Investigador/a principal: Bernardo Arroyo Abad
Este artículo examina el impacto de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales en la negociación colectiva, resaltando cómo esta regula aspectos clave como la intimidad de los trabajadores, la videovigilancia, la geolocalización y el derecho a la desconexión digital. Se analiza el papel de los convenios colectivos en la implementación de garantías adicionales que equilibran las facultades de control empresarial con la protección de los derechos fundamentales. También se abordan vacíos normativos en temas como algoritmos y decisiones automatizadas, que exigen un mayor protagonismo de la negociación colectiva para asegurar la privacidad y la salud laboral. El texto concluye destacando la importancia de reforzar el marco normativo y fomentar políticas inclusivas que promuevan una digitalización laboral sostenible y respetuosa con los derechos fundamentales de los trabajadores.
El impacto del caso concreto en la conformación del régimen regulatorio de protección de datos personales
Investigador/a principal: Bernardo Arroyo Abad
Las empresas tecnológicas han sido objeto en los últimos años de un debate acalorado tanto en el ámbito jurídico, como fuera de él, en torno a la responsabilidad en el uso indebido de datos personales de usuarios, constituyendo el caso Cambridge Analítica, un punto de inflexión, al afectar los datos personales de millones de usuarios. Este caso y los que le sucedieron, han aumentado la conciencia pública sobre la importancia de proteger los datos personales y han impulsado la renovación del marco regulatorio en el que se desenvuelven estas compañías a nivel mundial, en términos de mayor exigencia, control y garantía, sin soslayar las particularidades que presentan los sistemas jurídicos de países que responden a parámetros históricos, sociales, económicos o normativos diversos.
Diagnóstico de la Administración electrónica en España. Estado de situación.
Investigador/a principal: Bernardo Arroyo Abad
El artículo analiza el desarrollo de la administración electrónica en España como herramienta clave para modernizar el sector público y mejorar la eficiencia en la gestión de recursos. Destaca avances normativos importantes, como las Leyes 39 y 40 de 2015, y planes estratégicos que buscan promover la digitalización. Sin embargo, persisten retos como la dispersión normativa, desigualdades territoriales, brecha digital y falta de recursos en municipios pequeños.
La responsabilidad Civil en el Marco de los Seguros de Asistencia Sanitaria. Thomson Reuters Aranzadi. 2016.
Investigador/a principal: Bernardo Arroyo Abad
Monografía publicada en Aranzadi
La propiedad sobre activos digitales
Investigador/a principal: Ignacio Sánchez Gil
En los últimos años, las tecnologías de registro distribuido, o DLT, tales como las blockchains, han permitido la creación de novedosos activos que, a pesar de estar representados en un soporte digital, comparten muchas de las características de los bienes dotados de existencia material. A la par que la relevancia económica de los activos digitales crecía, también lo hacían las incógnitas sobre su régimen jurídico. Los peculiares elementos funcionales de las DLT llevaron a numerosos autores a propugnar el reconocimiento de un status jurídico de propietario a favor del titular de estos activos digitales, de tal forma que pudiesen beneficiarse del régimen normativo característico de la propiedad. A lo largo de las próximas páginas examinaremos la naturaleza de los activos digitales representados en DLT, a fin de determinar su idoneidad para constituir objetos de una auténtica relación de propiedad, tal y como esta se contempla en nuestro ordenamiento. Como trataremos de justificar, las analogías funcionales entre los activos digitales y las cosas auténticamente apropiables no bastan para dotarlas de un tratamiento jurídico idéntico; o, al menos, no sin dar lugar a resultados aberrantes desde una perspectiva científica, pero también práctica.
Blockchain y Seguridad Nacional
La cobertura de los ciberataques patrocinados por Estados en el derecho de seguros español
Investigador/a principal: Ignacio Sánchez Gil
Desde mediados del siglo XX ha existido un rechazo generalizado por parte del sector asegurador hacia la cobertura de los daños derivados de conflictos armados. Los motivos principales radican en la teórica imprevisibilidad de estos sucesos, dificultando el desarrollo de modelos actuariales precisos; además de en su aptitud para provocar daños masivos en periodos de tiempo muy concentrados, lo que puede derivar en una presión desmedida sobre la solvencia de las aseguradoras. Como consecuencia, resulta común que ciertas pólizas exceptúen de su cobertura los daños provocados por conflictos armados. En los últimos años, determinados Estados han venido promoviendo ciberataques dirigidos contra objetivos externos como parte de sus estrategias geopolíticas. Esto ha suscitado el debate sobre la consideración de estos ataques como constitutivos de conflictos armados y, consecuentemente, sobre su cobertura por las aseguradoras. A lo largo del presente trabajo pretendemos analizar el tratamiento que los ciberataques patrocinados por Estados reciben en el derecho español, en el que, según discutiremos, la exclusión de los daños producidos por conflictos armados, y otros sucesos extraordinarios, tiene rango legal.
Una aproximación legal a la desinformación en la sociedad digital
Investigador/a principal: Ignacio Sánchez Gil
El dominio cognitivo se está transformando en un ámbito decisivo de competición estratégica entre Estados. Una prueba de ello, es que apenas una semana después del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania, el Consejo de la Unión Europea adoptó una serie de medidas mediante las que suspendían las actividades de radiodifusión de los medios de comunicación Sputnik y Russia Today, aludiendo al control que sobre los mismos ostentaba la Federación Rusa, y a su instrumentalización como parte de “una campaña sistemática e internacional de desinformación, manipulación de la información y distorsión de los hechos a fin de intensificar su estrategia de desestabilización de sus países vecinos. El uso estratégico de la información y la propaganda es tan antiguo como el conflicto humano. En las últimas décadas, sin embargo, se percibe con claridad cómo el enfrentamiento en el ámbito cognitivo (es decir, en los corazones y en las mentes de los ciudadanos) ha venido cobrando una importancia cada vez mayor. Esto se debe a varios factores, entre los que se pueden encontrar el desvanecimiento del concepto objetivo de verdad; o la disrupción digital, que permite que la información sea transmitida con una potencia y una velocidad inimaginada hasta hace unos años.
¿Tokens como valores negociables? La aplicabilidad del Marco Europeo del sector financiero a los criptoactivos
Investigador/a principal: Ignacio Sánchez Gil
Los criptoactivos, en sus múltiples manifestaciones, poseen diversas características que les permiten postularse como una posible alternativa a los servicios clásicamente prestados por el sector financiero, pero, en teoría, prescindiendo de la figura del intermediario. No obstante, la novedad de esta clase de activos deriva en una gran inseguridad jurídica, en el sentido de que no resulta fácil determinar el concreto marco obligacional al que deben sujetarse. En el presente trabajo se discute la posible aplicabilidad de algunas de las principales normas europeas reguladoras del sector financiero a los criptoactivos. Así, se describen las condiciones bajo las cuales a un criptoactivo se le podrían aplicar normas como la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MIFID II), o el Reglamento (UE) 596/2014, sobre Abuso de Mercado, entre otras. Adicionalmente, se adelantarán algunas de las principales características de la propuesta de Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (MiCAR).
Una aproximación de Derecho Comparado a la regulación de las plataformas de redes sociales
Investigador/a principal: Ignacio Sánchez Gil
Las plataformas de redes sociales han aportado enormes beneficios en múltiples aspectos. Sin embargo, al mismo tiempo, también abren la puerta a nuevas amenazas para las democracias y los derechos fundamentales, tales como como los ciberdelitos, la desinformación, la censura de contenidos o la vigilancia masiva. En las siguientes páginas analizaremos algunos de los enfoques regulatorios más significativos adoptados a lo largo del planeta para hacer frente a este cambio de paradigma. Finalmente, mencionaremos brevemente las principales características de la Propuesta de Ley de Servicios Digitales: un nuevo Reglamento que, en los próximos años, presumiblemente transformará las pautas de regulación de las redes sociales en la Unión Europea, y en el resto del mundo.
Las injurias como delitos de violencia de género, desde una perspectiva procesal
Investigador/a principal: Susana San Cristóbal Reales
La injuria como delito de género, lesiona la dignidad y autoestima de la ofendida que es pareja o expareja del agresor, generando un daño emocional. Para condenar a un acusado por este delito, no solo hay que probar los elementos típicos, sino que hay que hacerlo cumpliendo las especialidades penales y procesales que ha establecido el legislador para las distintas modalidades de este delito, lo que motiva el presente estudio, con el fin de valorar su efectividad para prevenir y castigar este tipo de ilícito, evitando una escalada de violencia.
El principio de oportunidad, Justicia Restaurativa, y Mediación en el proceso penal: Perspectivas de futuro.
Investigador/a principal: Susana San Cristóbal Reales
En el proceso penal, la mediación, no permite resolver conflictos penales. Constituye un complemento a la jurisdicción penal, como instrumento para la consecución de la justicia restaurativa, vinculada a las manifestaciones del principio de oportunidad. El análisis de la interrelación entre principio de oportunidad, justicia restaurativa y mediación, por los beneficios que pueden aportar en el proceso penal, y sus perspectivas de futuro para adaptarse a la sociedad actual, son el objeto de este trabajo.
Contenido de la Presunción de inocencia como regla de tratamiento y regla de juicio en el proceso penal actual, tras la Directiva 2016/343/UE, de 9 de marzo
Investigador/a principal: Susana San Cristóbal Reales
La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, en cualquier tipo de proceso penal, que otorga a la parte pasiva una serie de garantías específicas en cada estadio de desarrollo del proceso. Este derecho ha evolucionado para adaptarse a la realidad procesal penal de nuestros días, ampliándose, por lo que el análisis de su contenido actual, desde sus dos perspectivas, sobre todo a partir de la Directiva 2016/343 es esencial para cualquier jurista. Por otro lado, esta regulación a nivel comunitario puede brindar al legislador español una magnifica oportunidad para mejorar el citado principio a nivel teórico y practico.
Las Maras Terroristas en el Salvador y el Derecho a la Libertad conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Investigador/a principal: Susana San Cristóbal Reales
El Salvador vive en un estado de excepción, como consecuencia de la violencia terrorista de las maras, que ha suspendido algunos derechos. En este trabajo analizamos la situación actual del derecho a la libertad en El Salvador conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos.
Los documentos clasificados en España, como límite al derecho humano a la información.
Investigador/a principal: Susana San Cristóbal Reales
El equilibrio entre el derecho a la información pública y la seguridad y defensa nacional, en un Estado democrático de Derecho, solo es posible si la limitación de los derechos se realiza respetando los principios que permiten limitar los derechos humanos. El objeto de nuestro estudio se centra en determinar si nuestra normativa interna sobre secretos oficiales como límite a la información pública, cumple con los parámetros de un derecho humano, y con los mecanismos de control parlamentario y judicial, y si es necesaria una reforma.
